El dirigente del Movimiento Civil Independiente (MOCI), Oliver Olmos Cabrera visitó a los regidores del Puerto de Veracruz para denunciar nuevamente el abuso en las cuotas tarifarias por parte de la empresa Grupo MAS, como administradora del servicio de agua potable.

El activista pidió personalmente a los ediles que intervengan para derogar la cuota tarifaria por parte de la compañía mencionada.

“Venimos a buscar a cada uno de los regidores para que juntos coadyuven en la exigencia de derogar la cuota tarifaria que hoy cobra Grupo MAS, y que es violatoria a los derechos de los pobladores de Veracruz y Medellín”, expresó.

Olmos Cabrera insistió en que es urgente la intervención de todos y que en una sola voz se exija lo que por derecho le corresponde a los usuarios del agua potable.

Confió en que la concesión de Grupo MAS sea cancelada por las múltiples violaciones, de ahí que en breve se pueda conocer todas las razones sustentadas con la que tendría que quedar fuera esta empresa extranjera de la administración del agua en Veracruz y Medellín de Bravo.

Además, han denunciado las plantas de tratamiento de las aguas residuales no funcionan adecuadamente y, por ello, se ha distribuido agua contaminada en los hogares.

Cabe recordar que los integrantes del Movimiento Ciudadano Independiente han protestado frente a Palacio de Gobierno para exigir que sea retirada la concesión del agua potable a la empresa Grupo MAS.

El gobierno de Veracruz atenderá las demandas de los colectivos de familiares de desaparecidos para intensificar las búsquedas en distintas regiones de la entidad.

El director general de Cultura de Paz y Derechos Humanos, Sergio Ulises Montes Guzmán, indicó que se están acordando fechas para establecer las mesas de trabajo.

En estos encuentros participarían funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El funcionario estatal reveló que las reuniones se llevarán a cabo de manera regional para brindar una mejor atención a los familiares de desaparecidos.

Los familiares de desaparecidos han planteado diversos temas, como agilizar las búsquedas, tanto en vida como en fosas clandestinas y en las fosas comunes de los panteones municipales.

“Las búsquedas no se han detenido, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda, sigue esa labor en todo el estado con los diferentes colectivos. Los familiares participan porque son los principales interesados y ellos tienen contextos en dónde están esos sitios”, agregó.

Sobre la avenida Ignacio Allende, en el puerto de Veracruz, existe una gran estructura que por años estuvo habitada por indigentes, basura y hasta última morada para aquellas personas que decidieron terminar con su vida a través de un suicidio.

Tablas y algunos alambres improvisaron su acceso, pero el camino a su interior se conseguía sin ser vigilado por alguna autoridad, solo vecinos que en más de una ocasión denunciado a medios locales que era la “morada de malvivientes”.

Al adentrarse, la tensión de sufrimiento se respira en cada paso recorrido dentro del ex penal de Allende. Caminar hacia sus celdas abandonadas era como bajar al infierno en un túnel sin iluminación y repleto de óxido.

No existía imagen alguna de felicidad, lo más cercano al amor reposaba en un portarretrato viejo, con manchas del olvido por sus familiares de una menor no mayor a los cuatro años o parte del escenario que ocuparon para filmar videoclips o una película.

La capilla aledaña a la torre mayor de vigilancia muestra en letras negras la mentalidad de arrepentimiento en todo aquel que transitó por sus pasillos: “Escogería antes la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de la maldad”.

¿Por qué cerraron el ex Penal de Allende en Veracruz?

Cuando tenía seis años de permanecer cerrado, sus paredes lucían repletas de humedad, pinturas con letras en otro idioma, un espacio perfecto para los indigentes a diferencia de su plan inicial, las nuevas oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Veracruz.

Hace más de cien años recluyó a cientos de presos, pero en la última década, sólo fue ocupado como locación para grabar a la cantante Gloria Trevi y el productor estadounidense, Mel Gibson.

Una gran sala aparentaba que en años atrás sirvió de comedor, los pisos estaban repletos de basura ocasionada por los árboles que se retuercen entre las paredes verdosas.

Al fondo, la reja prestaría imagen a actores imitando ser custodios, testigos de cómo mojan salvajemente a tres mujeres, supuestas procesadas con Gloria Trevi.

La oscuridad se compagina en la siguiente sección, donde pasó toda la producción que también filmó “Atrapen al gringo”, protagonizada por Mel Gibson y dirigida por Adrian Grunberg.

El patio con algunos dibujos de muerte y letras en portugués albergó a 960 internos, quienes fueron desalojados a principios de enero del 2010.

El edificio construido en 1902 e inaugurado en 1908 por el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz Mori, se encuentra en el abandono y en lucha por diversos sectores para reabrirlo como un centro penitenciario, un museo u otra función similar del ámbito cultural.

¿Cómo estaba el ex Penal de Allende?

El primer filtro de visita familiar exige credencial de elector u otra identificación oficial, siempre y cuando no porten vestimenta negra o blanca, al menos, aun así lo exhibe la parte superior de la pared.

Algunas licencias de conducir y tarjetas bancarias se mezclan entre las fichas que permiten el acceso a familiares de reclusos. La basura, excremento de roedores y hojas de árboles las protegen celosamente.

Los primeros pasillos que recibieron a mujeres y hombres dirigen a celdas con camas de concreto y espacios compartidos entre diez o más personas. Su exterior construye albercas edificadas con las fugas de agua potable no atendidas por el Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), actualmente convertido en el Grupo MAS.

https://fb.watch/foBSqCpPz_/

Las instalaciones pretendieron ser entregadas completamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Veracruz, situación que informaron autoridades durante el sexenio en turno que encabezaba Fidel Herrera Beltrán y a la fecha, septiembre del 2022, se cambió para ser una Unidad de Artes bajo la colaboración de la Universidad Veracruzana y el ayuntamiento porteño.

El resguardo legal de éste espacio está a cargo del ayuntamiento de Veracruz, presentado en enero del 2015, durante la administración del priista Ramón Poo Gil. La autoridad encargada de su cuidado y vigilancia permitió por años el acceso a indigentes, quienes duermen en su parte descuidada de la calle Francisco Canal.

¿Qué pasó con los presos que estaban en el ex Penal de Allende?

Entre su plan de desaparición existió un proyecto pactado por Gobierno del Estado, pues en abril de 2009, adjudicó de manera directa a la empresa Infraestructura Técnica S. A. de C. V. el plan y la construcción de un penitenciario en el municipio de Medellin, un recinto que adoptaría las funciones del ex penal de Allende.

En su primera etapa, el nuevo centro de readaptación social sería edificado por 500 millones de pesos, con un plazo de ejecución de año y medio.

Para inicios del 2010, familiares de las personas recluidas en el centro penitenciario comenzaron a exhibir molestia por el cambio que habría, pues pasarían de estar en una celda en el puerto de Veracruz a otro penal en Cosamaloapan, Papantla, Tuxpan, San Andrés, entre otros.

Mientras aquellos reclusos que eran procesados por delitos federales, los transfirieron al penal de Máxima Seguridad de Puente Grande, en Jalisco.

En septiembre de 2012, Gobierno del Estado firmó un convenio modificatorio, donde el costo de la construcción se elevaba a 853 millones 899 mil 312 pesos.

De acuerdo con un reportaje reproducido en el programa “Punto de Partida”, los contratos describen que la empresa recibió 179 millones de pesos, del resto de los recursos se desconoce su paradero.

El proyecto de construcción de un penal en el municipio de Medellin, el más cercano a la zona costera del puerto de Veracruz, continúa estancado y considerado como un “elefante blanco”.

Xalapa, Ver-Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas realizan labores en municipios del norte veracruzano como parte de las exigencias para investigaciones del paradero de sus seres queridos.

En Cazones de Herrera y Tuxpan en la costa del norte veracruzano el colectivo «María Herrera» llevó a cabo la jornada de difusión e información y que de esta manera la gente se anime a denunciar.

Y es que hay casos que aún no han sido denunciados de manera legal, consideran que hay varios en el anonimato, por ello han puesto en marcha las reuniones para orientar a las familias de cómo proceder ante la Fiscalía General del Estado.

Las peticiones en cada marcha es solicitar a las autoridades estatales no abandonar los casos, llevar a cabo las debidas investigaciones en cada uno de los reportes.

Los familiares de personas desaparecidas han hecho solicitudes para que continúen las búsquedas en los distintos municipios, pero que no cesen en las fosas clandestinas, además de hacer solicitudes para que las revisiones también se hagan en las fosas comunes.

La violencia contra las mujeres continúa siendo constante en esta entidad. Se habla de que las desapariciones han aumentado 300 por ciento en el último cuatrienio, de acuerdo con cifras de observatorios ciudadanos.

Myriam Lagunes Marín, integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, señaló que el número de desapariciones es alarmante en Veracruz, pues pasó de 100 casos anuales a más de 400.

Hasta el momento, se desconocen las líneas de investigación que lleva la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, por las desapariciones.

En Veracruz podría emitirse una tercera alerta de violencia de género contra las mujeres por desaparición, siendo el único estado de la República con tres alertas de este tipo.

“Convirtiéndonos en uno de los peores lugares para ser mujer en el país”, señaló la activista, quien ha protestado frente a Palacio de Gobierno para exigir que cese la violencia contra las mujeres.

La también integrante de la Red Nacional de Mujeres por la Paridad reveló que en el primer semestre del año se contabilizaron 54 feminicidios, 68 homicidios y 413 desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas.

El Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres revela que los municipios con mayor número de desapariciones son Veracruz, Xalapa, Martínez de la Torre y Poza Rica, en ese orden de incidencia.

Las cifras muestran que la mayoría de las víctimas son menores de edad y, en segundo lugar, mujeres adultas.

Colectivos de feministas también han denunciado que son preocupantes estos números y, sobre todo, no tener una idea clara de cómo el gobierno del estado enfrenta esta problemática.

Uno de los casos recientes es el de Odilia Jade, la joven de 17 años hallada muerta el pasado 1º de septiembre, luego de haber estado en calidad de desaparecida durante seis días.

Su cuerpo fue encontrado al interior de una cisterna, en medio de cañales de la comunidad Palo Alto, municipio de Fortín, en la zona central montañosa de Veracruz, donde hasta el momento no hay avances en las investigaciones para la localización y captura de sus agresores.

Por tal motivo, sus familiares, amigos y grupos feministas protestaron y marcharon la tarde de ayer domingo en la ciudad de Córdoba para exigir justicia en este caso y que cesen las agresiones contra las mujeres en la entidad.

El director de Atención a Migrantes, Carlos Enrique Escalante Igual, indicó que en los próximos días podría arribar una caravana de migrantes centroamericanos a Veracruz, que actualmente recorre el estado de Chiapas.

El funcionario estatal dio a conocer que el personal de la dependencia está a la espera del arribo de los extranjeros para darles acompañamiento y brindar la atención que requieran.

Recordó que la entidad ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional por el arribo de migrantes centroamericanos.

«Tenemos casi un 52 por ciento de personas que pasan por el estado de Veracruz de todos los que van en busca del sueño americano. Veracruz al ser tan importante tenemos que prestar mucha atención«, expresó.

La Dirección de Atención a Migrantes se coordina con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Protección Civil y Fiscalía General del Estado (FGE) para brindar una mejor atención a los centroamericanos.

Escalante Igual destacó que el Instituto Nacional de Migración (INM) continúa otorgando una autorización para que los migrantes permanezcan durante 30 días.

En ese tiempo, los extranjeros podrían retornar a sus países de origen o intentar llegar a la frontera norte para cruzar a Estados Unidos, en busca del “sueño americano”.

Además, el Director de Atención a Migrantes mencionó que continuarán los aseguramientos de personas indocumentadas, pues recién fueron resguardados 180 migrantes sobre la carretera Las Choapas-Moloacán, en la zona sur de la entidad.

“Se hacen aseguramientos, en ocasiones lo hacen en los autobuses de pasajeros o en otras ocasiones lo hacen en tráilers que es cuando las personas vienen en muy malas condiciones, muy lastimadas, golpeadas y muchas veces son abandonados”, enfatizó.

Finalmente, reveló que al día se aseguran, en promedio, 300 migrantes en las distintas regiones del estado de Veracruz.

El coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, consideró que no se despedirá al personal de este instituto político tras el recorte del 50 por ciento a las prerrogativas de los partidos.

El líder petista mencionó que dicha determinación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reducir el presupuesto de los partidos resulta un atentado contra la democracia.

“Afecta a la democracia, la democracia siempre ha sido cara, es una garantía de los partidos políticos para organizarse”, enfatizó.

Sin embargo, destacó que el Partido del Trabajo siempre ha laborado con pocos recursos económicos y, por ello, la recién determinación no les afecta en gran medida.

La propuesta del PT ha sido que haya “piso parejo” entre los distintos partidos, garantizándose un recorte del 60 por ciento al total de las prerrogativas y el 40 por ciento restante sea repartido en partes iguales a todos los organismos políticos.

“Eso sería realmente equidad y democracia, entonces sobre esto tiene que versar. La propuesta del trabajo siempre ha sido la misma”, enfatizó.

Cabe mencionar que los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) coincidieron en que podrían despedir a su personal tras dicho recorte presupuestal.

Serán denunciados penalmente los pobladores de 23 comunidades de Emiliano Zapata que bloquearon la carretera federal Xalapa-Veracruz, a la altura de la localidad Dos Ríos, durante el miércoles, sentenció el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.

Los habitantes obstruyeron la vía de comunicación frente al Palacio Municipal de Emiliano Zapata durante cuatro horas, para exigir que sean canceladas las concesiones que se otorgaron a la empresa Casas Carpín para perforar pozos y extraer agua subterránea en el fraccionamiento Terranova, ubicado sobre la carretera Coatepec-Las Trancas.

El funcionario estatal coincidió en que Renato Alarcón, excandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía por Emiliano Zapata, está detrás de las movilizaciones y eso deberá investigarse por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Él (Renato Alarcón) tendrá que sostener sus dichos con hechos. Nosotros no decimos cosas al azar. Somos gente seria”, enfatizó.

Cisneros Burgos señaló que Casas Carpín, al igual que otras empresas, ha obtenido concesiones por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues han presentado solicitudes y cumplido con los requerimientos correspondientes.

La denuncia que será presentada en la Fiscalía de Veracruz por la obstrucción a las vías de comunicación.

“No es cerrando y obstaculizando a otros como se logren las cosas”, expresó el Secretario de Gobierno en entrevista posterior a la Guardia de Honor en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, como parte de los festejos por la Independencia de México.

Colectivos de búsqueda colocaron un tapete de aserrín color naranja con algunos rostros de desaparecidos frente a Palacio de Gobierno durante este martes 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Se trata de integrantes del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, quienes también colocaron lonas con las fotografías de sus seres queridos sobre Plaza Sebastián Lerdo de Tejada.

Como cada año, diversos colectivos de búsqueda realizan manifestaciones este día para exigir al gobierno que cesen las desapariciones y, sobre todo, que se agilicen las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar con el paradero de quienes aún no han sido localizados.

De acuerdo con María Elena Gutiérrez Domínguez, integrante de dicho colectivo,
continúan registrándose varios casos de desaparecidos y las investigaciones no avanzan para encontrarlos.

Incluso, señaló que se han detectado focos rojos por desapariciones en el estado de Veracruz, como los municipios de Xalapa, Coatzacoalcos y Orizaba.

“Es una bola de nieve que se va haciendo más grande y no termina por detenerse. Hasta este momento las personas siguen desapareciendo desde 2010 a la fecha nuestras familias seguimos buscando porque no aparecen y las autoridades no dicen nada”, expresó.

Ella busca a su sobrino Rafael Espinosa Gutiérrez, quien laboraba en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y desapareció desde el 15 de agosto de 2013, en esta ciudad de Xalapa.

En su grupo hay tres casos de desaparición forzada, donde el gobierno o el Estado, a través de sus elementos, presuntamente participaron o cometieron estos crímenes.

“Todavía está en proceso, ya está judicializado pero no se sabe todavía qué va a pasar, si va a haber justicia o no”, enfatizó.

Gutiérrez Domínguez indicó que el país hay reporte de aproximadamente 100 mil 300 desaparecidos, una cifra acumulada durante decenas de años.

Sin embargo, destacó que en Veracruz hay rezago en la identificación de restos humanos que han sido localizados en fosas clandestinas.

Familiares de desaparecidos marcharon en la ciudad de Xalapa, la tarde de este martes 30 de agosto, durante el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, para denunciar que continúan estancadas las exhumaciones en fosas comunes de los panteones municipales.

A partir de las 15:00 horas, las personas se concentraron frente al panteón Palo Verde, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, para después caminar con dirección a Palacio de Gobierno.

Se trata de integrantes del colectivo Familiares Enlaces Xalapa, quienes portaban lonas con las fotografías de sus seres queridos.

De acuerdo con Victoria Delgadillo Romero, integrante de dicho colectivo, hay muchos cuerpos en las fosas comunes de los cementerios que no han sido identificados y que podrían corresponder al de personas víctimas de desaparición forzada.

Ella busca a su hija Yunery Citlally Hernández Delgadillo; tenía 26 años cuando desapareció en noviembre de 2011, en Xalapa, junto con otras 14 jóvenes que habían sido invitadas a un evento y nunca regresaron.

La activista mencionó que la exhumación de restos humanos es necesaria en el panteón Palo Verde, en Xalapa, pero también en el de la localidad El Chico, municipio de Emiliano Zapata; en el cementerio de Coatepec, así como en el de Actopan.

«Quien no nos dice que nuestro familiar no está en fosas comunes, como los hemos encontrado, porque hay muchas compañeras que han encontrado a sus hijos en fosas comunes, después de cinco o seis años allí han estado y simplemente les dicen: es que no vieron la foto, cuando no es cierto, porque nosotros hemos pedido ver esas fotos, pero hay muchos cuerpos no identificados en las fosas de los panteones”, añadió.

También comentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha sido omisa en los casos de desaparecidos, debido a que no hay avances en las investigaciones para su localización.

La manifestación fue acompañada por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para garantizar que estas personas pudieran expresarse libremente y evitar violaciones a sus derechos.