Juan David Castilla
A 40 días de la toma de protesta de las nuevas administraciones municipales, hay preocupación entre ediles electos y personal de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) de Veracruz, debido a supuestos acuerdos irregulares que involucran al alcalde electo de San Rafael, Gil Armando Méndez.
Según testimonios recogidos en municipios del norte y centro, el edil estaría promoviendo sus empresas privadas para asegurar negocios, incluso antes de asumir su cargo. Se asegura que el edil electo ha afirmado a sus homólogos tener “tratos directos con el Procurador del Medio Ambiente” para que sus compañías sean consideradas en proyectos de dragado de lagunas (como el estero de San Rafael) y en la extracción de piedra en ríos y arroyos.
Estas versiones han encendido las alertas al interior de la PMA. Funcionarios de la dependencia temen que la situación pueda generar un nuevo escándalo que afecte al actual procurador Ángel Carrizales López y que proyecte una imagen similar a la que manchó a la dependencia en la administración pasada por supuestos negocios opacos.
Fuentes internas señalan que todavía existe malestar por los presuntos «negociantes» del pasado y advierten que los rumores actuales podrían escalar a un conflicto mayor si no son atendidos de manera institucional.
La situación se complica debido a señalamientos previos contra Carrizales López, quien fue objeto de críticas por presuntos conflictos laborales y un ambiente tenso tras su llegada a la PMA.
Actores políticos cercanos a los alcaldes electos del norte y centro denuncian que personal afín a la PMA estaría ofreciendo servicios de dragado a las próximas administraciones y facilitando contactos con empresas y arrendamiento de maquinaria ofrecida por el alcalde electo Gil Méndez, presuntamente vinculadas a acuerdos previos.
La preocupación central es que estos presuntos acuerdos privados contradecirían el mensaje de transparencia impulsado por autoridades de la Cuarta Transformación, que buscan erradicar las prácticas opacas y los acuerdos “en lo oscurito” entre funcionarios estatales y municipales.
Los inconformes han solicitado que el caso sea revisado de inmediato para evitar que los presuntos negocios escalen a un conflicto mayor una vez que las nuevas autoridades entren en funciones.
