Juan David Castilla
El Club Britania de Xalapa se encuentra en el ojo del huracán. Una ola de denuncias de socios y empleados ha puesto al descubierto una grave crisis de gestión, opacidad financiera y, lo más preocupante, presunto encubrimiento de casos de acoso sexual dentro de sus instalaciones.
Las acusaciones señalan directamente al actual presidente del Consejo de Administración, Gerardo Garza Dávila, quien se ve envuelto en un conflicto de interés ético al también ser funcionario público.
Varios testimonios de trabajadoras revelan que han sido víctimas de acoso y violencia. Los denunciantes aseguran que el Consejo de Administración no solo está enterado de los hechos, sino que ha optado por el silencio y el encubrimiento para evitar un escándalo.
«Hay trabajadoras que han sufrido acoso y violencia, y en lugar de actuar, el Consejo decide ocultarlo», expresó una socia, evidenciando el temor a represalias y la falta de acción de la directiva.
A la gravedad de las acusaciones de acoso se suma un desorden administrativo y financiero. Socios denuncian que la gestión de Garza Dávila ha generado deudas con proveedores, retrasos en pagos a empleados y que existe un agujero fiscal sin justificación clara, con reportes incompletos o inexistentes ante la asamblea.
Este clima de desconfianza se intensificó con el intento de imponer una cuota extraordinaria de «rescate» que fue rechazada por la mayoría de los miembros, quienes exigen documentos e informes detallados antes de aportar más dinero a una administración sin transparencia.
Mientras la directiva gestiona con opacidad y deudas, el club muestra un deterioro visible, especialmente en áreas clave como la alberca y los baños. Los socios lamentan que el espacio familiar se vea «abandonado y secuestrado por intereses económicos».
Existen sospechas de favoritismo, con decisiones cuestionables como la contratación de personal para una academia de tenis con un historial de fracasos, vinculando al Comité de Tenis con personas cercanas al presidente del Consejo, como Renato Alarcón y Carlos Moctezuma.
Los socios exigen transparencia total, rendición de cuentas inmediata y la apertura de denuncias penales contra los responsables del presunto desfalco y encubrimiento. El Consejo de Administración aún no ha emitido una postura oficial.
